A pesar de la advertencia del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a la gestión porteña sobre la concesión de sus medios públicos, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció este martes que avanzará con el llamado a licitación del Canal de la Ciudad y de las emisoras AM 1110 (Radio de la Ciudad) y FM 92.7 (La 2×4).

“Vamos a avanzar con la licitación del gerenciamiento operativo de la TV y Radio de la Ciudad. No es momento para financiar con los impuestos de los porteños algo que puede gestionar el sector privado sin costarle un peso a los vecinos”, indicó Macri en un escueto mensaje en la red social X.

En ese contexto, el jefe porteño ignoró la nota formal que le envió el Enacom, ya que la privatización de los medios públicos podría resultar incompatible con la Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), que prohíbe la delegación de la explotación de licencias audiovisuales.

Sin embargo, el gobierno de la Ciudad se amparó en un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 en el que se rechaza in límine la acción del Enacom por la inexistencia de “conflicto concreto” y para resguardar el principio de división de poderes.

Vamos a avanzar con la licitación del gerenciamiento operativo de la TV y Radio de la Ciudad.
No es momento para financiar con los impuestos de los porteños algo que puede gestionar el sector privado sin costarle un peso a los vecinos.

— Jorge Macri (@jorgemacri) May 12, 2026

Este martes se produjo la apertura de ofertas para la administración y el mantenimiento de las tres emisoras. Con la concesión, aclaró el gobierno porteño, la Ciudad mantiene la titularidad de los medios y cede la gestión técnica, operativa y comercial a una empresa por un período de cinco años.

Para la concesión del Canal de la Ciudad presentaron ofertas Cale Group Media S.A, por $50 millones, y Argentinos Media SA, por $15 millones, por mes.

Por las radios de AM y FM en esta primera instancia no hubo ofertas, por lo cual se avanzará con el proceso para iniciar una nueva concesión.

La empresa que resulte adjudicataria deberá abonar un canon mensual al Gobierno de la Ciudad por el uso de las señales; hacerse cargo de la programación y el mantenimiento de los equipos y estudios y pagar los derechos de autor, entre otros ítems.

Advertencia del Enacom

El organismo regulador, en su nota, había señalado que del análisis del pliego administrativo surge una “colisión con el marco regulatorio vigente”, en particular con el principio de indelegabilidad establecido en el artículo 44 de la ley nacional.

Las observaciones surgieron luego de que la Ciudad avanzara con la publicación del llamado a licitación en el Boletín Oficial porteño en marzo pasado. El proceso, identificado como licitación pública BAC N° 1002-0321LPU26, tiene por objeto la “concesión del gerenciamiento con carácter oneroso de la operación del Cable de la Ciudad y Radios de la Ciudad de Buenos Aires”, por un plazo de cinco años, y depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

En la nota enviada por Enacom, el interventor del organismo, Juan Martín Ozores, advirtió que la ley vigente establece que la explotación de los servicios de comunicación audiovisual debe ser realizada por su titular y que la delegación total o parcial de esa función constituye una falta grave, pasible de sanciones que pueden incluir la caducidad de la licencia. En ese marco, aclaró que, de persistir el proceso licitatorio en los términos planteados, el organismo “se verá obligado a iniciar el correspondiente proceso sancionatorio”.

El punto de conflicto gira en torno al alcance del “gerenciamiento operativo” que la Ciudad busca concesionar. Según la Ley 26.522, serán consideradas delegación de la explotación, entre otras conductas, la cesión de espacios de programación, la celebración de contratos de exclusividad para la producción de contenidos o la realización de negocios jurídicos que permitan sustituir al titular en la operación del medio.

El plazo de concesión será de cinco años a partir de la firma del acta de inicio de servicio. El monto base total estimado para los 60 meses es de $645.225.000 para la señal de televisión y $73.740.000 para las señales de radio.

Actualmente las dos radios y el canal de televisión cuentan en total con alrededor de 500 empleados. Además, la Radio de la Ciudad (conocida antes como Radio Municipal y desde 2013 como La Once Diez) es la radio pública más antigua de la Argentina y cumpliría 100 años en mayo de 2027.

Según explicó el gobierno porteño en un comunicado, la licitación exige garantizar un servicio de calidad, con estos puntos salientes:

• Operación 24/7: ambas emisoras deberán transmitir las 24 horas del día, los siete días de la semana
• Identidad cultural: la FM 92.7 (La 2×4) mantendrá su enfoque en el tango y la música popular argentina, cumpliendo con la Ley 228. Además, se deberá asegurar que al menos el 70% de la música emitida sea de origen nacional.
• Infraestructura: el concesionario deberá proveer sus propios estudios dentro de la ciudad, equipados con tecnología de punta, incluyendo consolas digitales, sistemas de automatización y transmisión con redundancia para evitar cortes.
• Contenidos institucionales: la Ciudad se reservará el derecho de utilizar hasta un 30% de la programación semanal para contenidos institucionales y de interés público.

El argumento de la Ciudad

La Ciudad fundamentó el llamado en la Ley 2095 de Compras y Contrataciones porteña y su decreto reglamentario, un marco normativo local que regula licitaciones y concesiones administrativas. Sin embargo, el régimen audiovisual está alcanzado por una ley nacional de orden público, que establece que las licencias y autorizaciones de radio y televisión se encuentran bajo jurisdicción federal.

Hasta el momento, el gobierno porteño no respondió públicamente a la observación formulada por Enacom ni informó si prevé modificar o suspender la licitación. El cronograma oficial establecía que la apertura de ofertas estaba prevista para el 20 de abril pasado.

De avanzar el proceso en los términos actuales, el conflicto podría derivar en una disputa judicial entre el gobierno de la Ciudad y el organismo nacional.