El Gobierno aumentará la bonificación para usuarios con subsidios y analiza distribuir en cuotas —a partir de la primavera, cuando baja el consumo residencial— el mayor costo de importar gas natural licuado (GNL) durante el invierno, al tiempo que contiene el alza de los precios internacionales del petróleo para amortiguar el salto del precio de la nafta.
La gestión de Javier Milei se define como liberal, pero en materia energética es, ante todo, pragmático. El alza de precios desatada por el conflicto en Medio Oriente encontró al oficialismo en un momento de mayor fragilidad política: escándalos de corrupción, una inflación que ronda el 3% mensual y una actividad económica que no repuntó en el primer trimestre del año.
En ese contexto, el Gobierno tomó una serie de medidas para amortiguar el impacto de la disparada del petróleo y el gas que, en todos los casos, implicaron algún grado de intervención en el mercado.
El caso más visible es el de los combustibles. El precio del petróleo acumula una suba del 67% desde enero, con el Brent en torno a los US$105 el barril. De esa suba, el 23% se trasladó al surtidor en menos de dos meses, algo que en gestiones anteriores hubiera sido impensado, pero dejó un atraso de 15% en el precio de las naftas respecto de la paridad de importación.
El mecanismo que sostiene esa brecha es un acuerdo informal entre las productoras y las refinadoras: las primeras les venden el crudo por debajo de la cotización internacional y esperan recuperar la diferencia cuando el precio baje. No hay contrato firmado. Las productoras, en la práctica, financian a las refinadoras.
El mercado local de combustibles tiene una dinámica particular: YPF controla el 55% del despacho, seguida por Shell con el 19%, Axion con el 14% y Puma Energy con el 5%. Ninguna empresa mueve sus precios hasta que YPF lo hace primero. Y la petrolera, cuyo principal accionista es el Estado, no se movió en 45 días. El propio Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía, reconoció ante inversores el atraso acumulado y confirmó que esta semana habrá una definición interna. “Al final vamos a trasladar”, dijo, aunque aclaró que el momento y la magnitud dependerán de la evolución del mercado internacional, la demanda interna y las condiciones macroeconómicas.
El contexto internacional agrega presión adicional. El barril de petróleo liviano de Vaca Muerta —llamado medanito— cotiza hoy con una prima de entre US$4 y US$8 sobre el Brent, porque compradores asiáticos están dispuestos a pagar más para asegurarse abastecimiento. En el mundo faltan al menos 13 millones de barriles diarios (casi el 10% del consumo total), lo que implica que hay que destruir demanda para compensar esa falta de oferta. Si los precios locales no suben lo suficiente, el ajuste viene por el lado de la escasez.
En mayo, además, volvió a subir el impuesto a los combustibles, presionado el Gobierno por la caída en la recudación, lo que obligó a YPF a trasladar casi un 1% adicional a los precios en los últimos días. El litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires promedia hoy los $2014, cuando a principios de año estaba en $1566. La suba de los combustibles impactó en la inflación de marzo y el Gobierno no tomó medidas compensatorias del lado impositivo, a diferencia de lo que hizo Brasil, donde el gobierno de Lula Da Silva dispuso una reducción transitoria de los impuestos a los combustibles.
El gas, otro frente
Algo similar ocurre con el gas. Como se mencionó, el Gobierno anunció que incrementará la bonificación para usuarios con subsidios y analiza distribuir en cuotas —a partir de la primavera— el mayor costo de importar GNL durante el invierno. La lógica es aplanar el impacto tarifario en el momento de mayor demanda, aunque vaya a contramano del manual liberal: que cada usuario conozca el costo real de lo que consume.
Ese criterio sí se aplicará a la industria y la generación, que deberán informarle a la Secretaría de Energía cuánto gas están dispuestos a comprar a precios internacionales, que están en máximos por el conflicto en Medio Oriente. El que no quiera y tenga contrato interrumpible, se quedará sin suministro. La señal de precio funciona, pero solo para quienes pueden absorberla.
En la misma línea de pragmatismo, el Gobierno suspendió la privatización de la importación de GNL, que continuará en manos de Enarsa pese a que Trafigura y Naturgy ya habían presentado ofertas técnicas en la licitación.
La decisión se tomó al evaluar que no era el momento —ni externo ni político— para delegar en privados el suministro de gas en plena escalada de precios internacionales. En combustibles se puede intervenir de manera indirecta a través de YPF. En el GNL, sin ese paraguas, el precio de mercado se trasladaría de inmediato a las tarifas residenciales.
A todo esto se suma el proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso para reformar el Régimen de Zonas Frías y recortar el alcance de los subsidios al gas, donde busca deshacer la ampliación impulsada por el diputado Máximo Kirchner en 2021, que extendió el beneficio a regiones sin severidad climática suficiente —incluyendo Mar del Plata y Santa Fe—, donde hay localidades con temperaturas superiores a 30 grados en verano.
El ahorro fiscal sería acotado, pero el Gobierno necesita acumular cada punto disponible en un contexto en el que los subsidios energéticos vuelven a presionar sobre las cuentas públicas. Liberal en el discurso, pragmático en los hechos: esa es, por ahora, la política energética del oficialismo.
La Nación
