El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó este jueves un decreto para permitir el despliegue de militares extranjeros en el país para colaborar en operaciones contra las bandas criminales, y con inmunidad otorgada por el jefe de Estado en el marco del “conflicto armado interno” que ha declarado contra el crimen organizado.
“A partir de esta decisión, militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad”, señaló Noboa en un video difundido en redes sociales por la Presidencia, reportó el sitio DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.
El gobernante aseguró que esta disposición es fruto de meses de trabajo, especialmente con la última reunión en el Pentágono, y anticipó que “desde hoy los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte y preparado, y que ya no pelea solo”. Actualmente, Ecuador ya recibe apoyo -entre otros- de EE.UU. y la Unión Europea para temas de seguridad, especialmente de Washington, con soporte de inteligencia, pero sin tropas sobre el terreno hasta el momento.
En el decreto dispone, literalmente, que “el personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos por Ecuador.”
El mismo documento indica que el presidente, conforme lo contempla la Constitución, “concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor del personal militar, policial y los civiles que participen en acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno en defensa del Estado, de conformidad con la Constitución, la ley y el ordenamiento jurídico vigente”.
Asimismo, exhorta a la Asamblea Nacional (Parlamento) para que conceda amnistías en favor del personal militar, policial o de los civiles que hubieren actuado en defensa del Estado.
Estado de excepción
Tras decretar el “conflicto armado interno”, Noboa promulgó una serie de estados de excepción para combatir la inseguridad. El más reciente se activó esta semana, por sesenta días, en diez provincias y tres municipios.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron presuntos abusos por parte de militares en el marco del “conflicto armado interno”. Y, según Amnistía Internacional, la Fiscalía registra unos 43 casos de presuntas desapariciones forzadas desde 2023, año en que se inició el mandato de Noboa.
Fuente: NA
