El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, promulgado por el gobierno de Javier Milei, ha generado una ola de críticas tanto de abogados constitucionalistas como de legisladores opositores. Esta medida modifica la Ley de Migraciones, impidiendo el ingreso y expulsando a extranjeros que promuevan “mensajes de odio” o inciten a la violencia contra Argentina.
Los especialistas han cuestionado la constitucionalidad del decreto, argumentando que se omite la participación del Congreso sin una justificación válida. Los abogados constitucionalistas Daniel Sabsay y Andrés Gil Domínguez han calificado el DNU como “inconstitucional”, afirmando que no se cumplen las condiciones de necesidad y urgencia necesarias para su implementación. “Es claramente inconstitucional”, afirmó Sabsay, enfatizando que el tema debería haber sido debatido en el Congreso.
Desde la oposición, múltiples partidos, incluyendo el Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR), han expresado su rechazo al DNU. La diputada Florencia Carignano lo calificó de “irónico”, destacando que el propio gobierno utiliza mensajes de odio como parte de su política. Otros legisladores también han señalado contradicciones, como el diputado Carlos Castagnetto, quien afirmó que son quienes “odian al pueblo argentino”.
El DNU también ha hecho eco en el ámbito internacional, especialmente tras las declaraciones de Milei sobre el presidente brasileño Lula da Silva, lo que ha llevado a cuestionar la coherencia de la política exterior del gobierno. La diputada Agustín Rossi comparó la medida con la lógica antiinmigración de Donald Trump, sugiriendo que refleja una falta de conexión con la realidad del país.
A pesar de las críticas, algunos abogados, como Vicente Sola, argumentan que el presidente tiene la autoridad para establecer políticas migratorias. Sin embargo, el amplio rechazo legislativo sugiere que el DNU podría enfrentar desafíos significativos en su implementación.
En medio de este debate, algunos legisladores han manifestado la intención de llevar el tema a la Justicia, mientras que otros consideran presentar un proyecto para rechazar el DNU en el Congreso, catalogándolo como impracticable e inconstitucional.
Fuente: La Nación
