Vecinos y comerciantes de Añatuya han emitido un ultimátum al gobierno municipal tras las reiteradas roturas de cañerías que han dejado calles del centro y diversos barrios anegados por agua potable. La advertencia fue realizada el 26 de agosto, y los ciudadanos han manifestado que, de no recibir una respuesta concreta, llevarán su reclamo a la vía pública.
La situación ha puesto en jaque al gobierno de Elías Suárez, ya que la inspección solicitada por el Municipio depende de una autorización del Ente Regulador de los Servicios de Agua y Cloacas (ERSAC), que no se había hecho pública al expirar el horario propuesto para el operativo.
Las calles afectadas incluyen arterias como Gobernador Barraza, Pueyrredón, Pasaje Quinteros, Chacabuco y Gottau, con un impacto notable en el barrio Platense Oeste. Los frentistas han declarado que el agua que cubre las calzadas proviene de la red de agua potable y no de pozos ciegos. A pesar de las tareas de escurrimiento realizadas por trabajadores municipales, las pérdidas persisten.
El conflicto ha llegado a instancias oficiales, donde el intendente de Añatuya, Julio Castro, había solicitado el 10 de agosto a Aguas de Santiago un corte programado de 24 horas para llevar a cabo un relevamiento técnico integral. No obstante, la empresa respondió que no podía realizar la interrupción sin la aprobación previa del ERSAC, además de cuestionar la metodología propuesta y sugerir postergar el procedimiento.
Castro entonces elevó su solicitud al presidente del ERSAC, Juan Domingo Roitman. En una nota fechada el 20 de agosto, solicitó autorización para suspender temporalmente el suministro desde las 22 horas del lunes 24 hasta las 18 horas del martes 25, con el fin de localizar las fallas. Sin embargo, hasta el 26, cuando los vecinos hicieron pública su advertencia, no había respuesta concreta del ente regulador ni un cronograma de reparaciones establecido.
Aguas de Santiago, una sociedad de capital privado, tiene desde 1997 la concesión para prestar servicios de agua y cloacas en once localidades, incluyendo Añatuya. Con un 90 por ciento de sus acciones en manos de Sagua y un 10 por ciento perteneciente a trabajadores de la empresa, la operación cotidiana recae en la concesionaria, aunque la responsabilidad de control recae en el Estado provincial.
La intervención del gobierno provincial en la política hídrica de la ciudad se evidenció en 2024, cuando se firmó un convenio con el Municipio para ampliar la red del barrio Campo Rosso, financiado íntegramente por el gobierno santiagueño. Este antecedente complica la situación actual, que no puede ser reducida a un simple conflicto entre la empresa y la intendencia.
El costo político para Suárez se ha incrementado debido a un atasco regulatorio: la concesionaria se ha escudado en el ERSAC para negar el corte solicitado, mientras el intendente ha tenido que acudir al ente regulador, y el tiempo ha transcurrido sin una solución para los ciudadanos afectados. Aunque no se ha demostrado que el gobernador haya causado las roturas, la demanda ciudadana persiste frente a un servicio concesionado y fiscalizado por la Provincia.
Fuente: NA
