A pesar de los intentos de reforma, Argentina enfrenta una creciente litigiosidad en materia de riesgos del trabajo que amenaza su competitividad e inversión. La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) ha reportado un incremento alarmante en las demandas laborales, a pesar de la disminución en los índices de siniestralidad y fallecimientos en los lugares de trabajo.
Las proyecciones para este año anticipan que se cerrará con aproximadamente 138.200 nuevos juicios, un aumento significativo respecto a los 134.000 registrados en 2025. Este fenómeno afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen más del 70% del empleo formal en el país.
Un revés judicial puede representar una sentencia de quiebra para estas pymes, mientras que las grandes corporaciones pueden soportar mejor el peso de las citaciones judiciales. Las demandas por accidentes menores pueden resultar en indemnizaciones que superan el patrimonio neto de muchas empresas, generando una presión financiera insostenible.
En particular, la provincia de Santa Fe ha visto un crecimiento del 18% en las demandas laborales en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que sugiere una concentración del conflicto en esta región. En este contexto, la inacción de los gobiernos provinciales en la implementación de cuerpos médicos forenses, tal como lo estipula la ley de riesgos del trabajo, ha perpetuado un sistema que favorece la litigiosidad.
Los jueces también juegan un papel crucial en este escenario. La aplicación de tasas de interés abusivas y mecanismos de actualización desproporcionados convierte los créditos laborales en activos de alta rentabilidad, alejados de la realidad económica. Esto no protege a los trabajadores, sino que pone en riesgo la estabilidad financiera de las empresas.
La reciente creación del nuevo fuero laboral en la Ciudad de Buenos Aires podría ser una oportunidad para establecer criterios más uniformes y eficaces en la resolución de casos. Sin embargo, es imperativo que se asegure una compensación justa y transparente para los trabajadores afectados.
El camino hacia una mayor seguridad jurídica y la creación de empleo de calidad exige la eliminación de los obstáculos regulatorios que alimentan la litigiosidad. Las autoridades deben coordinar esfuerzos para desincentivar esta industria del juicio, en un esfuerzo por proteger el núcleo productivo del país.
Fuente: La Nación
