La Cámara de Casación ha decidido unificar las causas Hotesur y Los Sauces en un solo juicio oral, lo que resultará en una modificación en la dinámica del proceso judicial para Cristina y Máximo Kirchner, entre otros imputados.
El Tribunal Oral Federal N° 5 ha dado a conocer que los acusados podrán participar de manera virtual durante la primera etapa del juicio, programada para este viernes. Según el presidente del tribunal, José Michilini, esta medida responde a la necesidad de adecuar la organización del juicio tras el reciente pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal.
“La decisión adoptada por el tribunal revisor impone adecuar determinados aspectos de la organización del juicio, particularmente aquellos vinculados con la convocatoria de los imputados y su comparecencia a la audiencia inicial”, declaró Michilini.
La resolución del tribunal establece que, aunque los imputados no deberán asistir físicamente a Comodoro Py para la lectura de las acusaciones, su presencia será obligatoria en las audiencias posteriores. Los abogados defensores, en cambio, deberán estar presentes desde el inicio del juicio.
La jueza Adriana Palliotti votó en disidencia, argumentando que los imputados deben comparecer personalmente para la lectura de las piezas procesales. Esta decisión fue considerada un alivio para el personal judicial y de seguridad, dado el revuelo que podría generar la presencia de la expresidenta en los tribunales.
Además, los abogados de los Kirchner solicitaron que ambos pudieran participar de manera virtual durante todo el juicio, citando la condena de seis años de prisión que cumple Cristina en su hogar y las responsabilidades legislativas de Máximo como diputado nacional.
El tribunal aún no se ha pronunciado sobre la solicitud de participación virtual para el desarrollo completo del juicio, aunque quedó claro que la norma general será la presencialidad en las audiencias.
Con el inicio del juicio programado para las 10 de la mañana, se abordarán las acusaciones de lavado de dinero vinculadas a las empresas hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner, con fondos supuestamente provenientes de empresarios favorecidos por decisiones del Estado.
Fuente: La Nación
