La Cámara Federal de Casación Penal está a un paso de emitir un fallo decisivo sobre la causa que investiga el atentado perpetrado por la agrupación guerrillera Montoneros en 1976, que dejó 24 muertos en un ataque a la Policía Federal. El principal acusado, Mario Firmenich, exlíder de Montoneros, podría enfrentar un llamado a indagatoria por este hecho que se considera uno de los más sangrientos de la historia argentina.
Desde hace casi un año, el expediente está en manos de la Sala I de la Cámara, compuesta por los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Alejandro Slokar. Aunque las fuentes del tribunal han indicado que el caso “está para votar”, también han señalado que existen complicaciones que podrían retrasar la resolución.
El atentado, ocurrido el 2 de julio de 1976, involucró la colocación de una bomba en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, lo que resultó en la muerte de 24 personas y dejó numerosos heridos. La discusión central en el tribunal gira en torno a si es posible investigar el caso casi cinco décadas después de sucedido.
La reapertura de la causa fue solicitada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, junto a víctimas del atentado y otros abogados. En un primer momento, el 18 de noviembre de 2021, la jueza María Servini había rechazado dicha solicitud, alegando que los hechos estaban prescriptos. Sin embargo, el 9 de junio de 2022, la Cámara Federal porteña revocó esa decisión, indicando que debía ser analizada la posibilidad de considerar el atentado como un delito de lesa humanidad, lo que permitiría su investigación a pesar del tiempo transcurrido.
El 7 de agosto de 2023, Servini volvió a desestimar el pedido, argumentando que no se trataba de un delito de lesa humanidad ni de un crimen de guerra. Sin embargo, el 19 de diciembre de 2024, la Sala I de la Cámara Federal apeló esa decisión, pidiendo la indagatoria de Firmenich y otros imputados, incluyendo a Horacio Verbitsky, y ordenó la producción de pruebas para aclarar los hechos.
Mario Firmenich, actualmente residenciado en España, no se presentó a indagatoria en una causa anterior y su defensa ha recurrido la resolución del tribunal. La Cámara de Casación ahora debe decidir si respalda el criterio de la imprescriptibilidad del delito, lo que podría abrir la puerta a la investigación de otros hechos de violencia política de la década de 1970, un tema que ha estado cerrado en el ámbito judicial por años.
El caso, que ha permanecido en espera de resolución durante más de diez meses, ha generado gran expectativa entre las partes involucradas y la sociedad, dado su impacto en la historia reciente del país y en la búsqueda de justicia por crímenes de lesa humanidad.
Fuente: La Nación
