El cierre de octubre trae consigo un panorama complejo en el Gobierno argentino, marcado por posturas diversas respecto a la reforma electoral y las negociaciones con los gobernadores aliados. A medida que se aproxima el final del mes, las dudas sobre los plazos para impulsar este proyecto en el Congreso aumentan.
Desde la secretaría general de la Presidencia, liderada por Karina Milei, se manifiestan expectativas optimistas sobre el diálogo que mantiene el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los representantes provinciales. Se anticipa que en los próximos días podrían surgir novedades relevantes relacionadas con estas conversaciones.
Dentro de las filas oficialistas, se reconoce que la Unión Cívica Radical es el sector que mayor resistencia presenta para respaldar a La Libertad Avanza (LLA) en la propuesta de eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). En particular, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ha sido señalado como un opositor clave a las intenciones del espacio libertario de postular a Luis Petri como su sucesor.
En Casa Rosada, se considera que si logran avanzar con los radicales, el PRO también brindará su apoyo al proyecto, que incluye no solo la eliminación de las PASO, sino también reformas en el sistema de financiamiento de partidos políticos y la implementación de la Ficha Limpia.
Un miembro de la mesa política comentó: “Dependerá de Patricia (Bullrich) porque el avance debe ser en el Senado. En los próximos días tendremos novedades”. No obstante, otros sectores de la administración libertaria adoptan un enfoque más pesimista, alertando que si el Senado no emite dictamen sobre el proyecto en la próxima semana, el panorama se tornará más complicado y será necesario replantear la estrategia electoral para 2027.
“Si no lo resolvemos antes de fin de mes, tenemos que repensar la estrategia con un escenario de PASO y competir en todos lados”, indicó un integrante del ala política.
A medida que se acerca el cierre del período de sesiones ordinarias, programado para el 30 de noviembre, la presión sobre los aliados del Gobierno se intensifica. La posibilidad de suspender las PASO para el próximo año o de permitir el tratamiento de la reforma durante las sesiones extraordinarias se ve amenazada por el riesgo de una eventual judicialización.
El Gobierno subraya la necesidad de implementar estos cambios antes del inicio del año electoral, alineándose con los planteamientos de la Cámara Nacional Electoral (CNE).
Fuente: NA
