El fiscal de menores Hernán Ceruti, a cargo de la Fiscalía en lo Penal Juvenil de Lomas de Zamora, ha presentado una apelación contra la resolución de la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
Ceruti califica este fallo como un «gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad», argumentando que un habeas corpus no puede suspender una ley sancionada por el Congreso Nacional. Además, el fiscal enfatizó que no se ha comprobado ninguna acción concreta que perjudique la libertad de los adolescentes amparados por esta normativa.
El fiscal también subrayó que la decisión de la jueza «avasalla la labor propia de otro de los poderes del Estado», y que no se ha identificado a ningún joven que haya sido detenido a raíz de la aplicación de la normativa. No se han presentado determinaciones policiales, administrativas o judiciales que limiten de manera ilegal la libertad de los adolescentes.
En su argumentación, la jueza Pascual indicó que el nuevo régimen podría resultar en un aumento significativo en el número de jóvenes detenidos, y que la Provincia carece de la infraestructura y recursos necesarios para afrontar dicho incremento. Ceruti, no obstante, remarcó que esta conclusión se hizo sin datos concretos.
La jueza planteó interrogantes sobre la cantidad de adolescentes que podrían ser privados de libertad y la capacidad de los dispositivos provinciales disponibles, afirmando que la resolución transforma una posibilidad en una certeza.
La apelación de Ceruti se suma a una denuncia penal presentada por la ONG Usina por la Justicia, que acusa a Pascual de usurpación funcional y abuso de autoridad. A través de su cuenta en la red social X, la organización respaldó la decisión del fiscal, resaltando que la jueza no se basó en pruebas ni informes y actuó más allá de sus funciones, violando el principio de división de poderes.
En respuesta a esta situación, La Libertad Avanza bonaerense, liderada por Sebastián Pareja, ha anunciado su intención de solicitar el juicio político de la jueza. Pareja criticó a Pascual, afirmando que es una jueza que actúa en beneficio de intereses políticos y que intenta frenar una ley votada democráticamente por el Congreso, que busca abordar un problema demandado por la sociedad.
Fuente: NA
