Una reciente denuncia penal impulsada por diputados provinciales ha avivado el conflicto en torno al gasoducto Lavalle-Catamarca, un proyecto que tenía como objetivo abastecer a más de 120.000 habitantes y que actualmente se encuentra inconcluso tras una inversión de aproximadamente $6.400 millones.
El documento presentado, que consta de 80 páginas, pone bajo la lupa a la administración de Raúl Jalil respecto a la ejecución, la rescisión del contrato y el acuerdo posterior con la empresa contratista. Los legisladores del espacio Generar, entre ellos Tiago Puente, Natalia Herrera, Mamerto Acuña y Laura Quintero, formalizaron la denuncia que incluye 30 páginas de acusaciones y 50 páginas de documentación de respaldo.
El propósito del escrito es investigar el destino de los fondos, el estado de los materiales y las decisiones tomadas tras la paralización de la obra. Es importante destacar que esta denuncia representa una acusación por parte de la oposición y no implica una sentencia ni prueba de responsabilidad penal del gobernador o sus funcionarios.
El trasfondo político de la denuncia se basa en antecedentes administrativos reconocidos por la propia Provincia. Se ha documentado que el contrato fue rescindido, que la ejecución de la obra se alejó significativamente del cronograma establecido y que, posteriormente, el Gobierno alcanzó un convenio con la firma MEGA SRL.
El acta de inicio de la obra fue firmada el 28 de septiembre de 2022, con un plazo de ejecución de dos años. Aunque se preveía un avance del 34 por ciento para mayo de 2023, la medición oficial situó el progreso en un alarmante 3,90 por ciento.
Como consecuencia de este retraso, la administración provincial impuso una multa de $1.963 millones y rescindió el contrato en abril de 2024, decisión que fue ratificada por Jalil en mayo. En el marco del proyecto se incluía la adquisición de aproximadamente 5.000 caños de 25 centímetros de diámetro, comprados por más de $1.800 millones, cuyo estado y uso son parte de las preguntas planteadas por los denunciantes.
La empresa MEGA SRL ha cuestionado la medición del avance de la obra y ha afirmado que la Provincia mantiene deudas con la firma, rechazando la sanción impuesta. En junio de 2026, el Gobierno suscribió un acuerdo que dejó sin efecto la multa y permitió recuperar parte del anticipo financiero, además de devolver garantías por aproximadamente $922 millones.
A pesar de que el convenio cerró la controversia administrativa con la contratista, el gasoducto sigue sin completarse y persiste la diferencia entre el cronograma original y el avance real.
La nueva presentación judicial busca, entre otras cosas, reconstruir esta secuencia de eventos. Sin embargo, no se puede afirmar que haya existido desvío de fondos, sobreprecio o delito, ya que estas hipótesis deberán ser comprobadas en el expediente correspondiente.
Fuente: NA
