La situación financiera de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) se agrava tras la exigencia de dos vocales del directorio que instan al Gobierno provincial a saldar una deuda que asciende a $19.739.292.200,83. Esta solicitud se da en medio de un contexto de dificultades operativas y administrativas.
Adriana Soria, vocal por los trabajadores activos, presentó el 10 de septiembre una nota formal al presidente de OSEF, Gustavo García, solicitando que se intimara al Ejecutivo provincial a cancelar los montos adeudados. Esta cifra incluye obligaciones por aportes, contribuciones e intereses, así como prestaciones vinculadas al Régimen Único de Pensiones Especiales.
La deuda se desglosa en dos bloques: el primero, que asciende a $9.032.200.143,83, corresponde a transferencias demoradas y sus accesorios, mientras que el segundo bloque incluye $10.707.092.057 por obligaciones del RUPE. La suma total de ambos conceptos es el monto reclamado al Estado provincial, que es el principal empleador y contribuyente al sistema.
Por su parte, Horacio Gallegos, otro vocal del directorio, ha propuesto que OSEF inicie mecanismos administrativos y judiciales para el cobro de la deuda, que incluye retenciones bancarias a organismos que no cumplan con los pagos. Según su análisis, el Gobierno central debe $7.682.156.646,66, el Municipio de Tolhuin $410.147.810,55 y la Dirección Provincial de Vialidad $406.822.263,24.
En el caso del RUPE, se especifica que $8.891.260.556,42 corresponde a deudas de períodos anteriores a 2026, mientras que $1.815.831.500,58 son del ejercicio actual. Estas cifras, registradas en las presentaciones de los vocales, reflejan obligaciones ya existentes y no futuras.
El impacto de esta crisis no es solo financiero. La asociación Reencontrándonos, que se dedica a tratamientos de salud mental y adicciones, anunció que no aceptará nuevos pacientes derivados por OSEF debido a la falta de pagos, acumulando más de dos meses sin recibir compensaciones. El último depósito recibido fue el 1 de julio, correspondiente a servicios prestados en febrero.
A pesar de esta situación, la asociación mantendrá los tratamientos en curso para evitar interrupciones clínicas, pero ha limitado su capacidad para recibir nuevos afiliados. Además, se ha indicado que operan sin un contrato vigente y con tarifas reducidas, aunque no se ha registrado ninguna resolución judicial que implique responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.
Fuente: NA
