La Corte Suprema ha aceptado intervenir en un conflicto legal que involucra a la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional, relacionado con la eliminación de subsidios al transporte público. Este caso se centra en el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País (FCI), cuyo cese fue anunciado en febrero de 2024.
La administración de Axel Kicillof ha solicitado al máximo tribunal que declare la «invalidez, ineficacia e inoponibilidad jurídica» del comunicado emitido por el Ministerio de Economía, así como la inconstitucionalidad del artículo 18 que establece el cese del fondo. Además, se busca que se dicte una medida cautelar para que el Estado Nacional transfiera los fondos adeudados de manera «inmediata y efectiva», incluyendo intereses.
La Corte ha otorgado al Gobierno de Javier Milei un plazo de 60 días para responder a la demanda. Tras este período, se tomará una decisión sobre la posible emisión de una medida cautelar, según lo indicado en el fallo.
En su demanda, la provincia argumenta que la eliminación del fondo ha causado una «grave afectación para la previsibilidad presupuestaria provincial y los derechos de los usuarios del transporte público», ya que ha resultado en un aumento significativo en el costo del boleto de colectivos en el interior del país.
Asimismo, el gobierno provincial sostiene que la medida nacional «carece de los requisitos constitucionales» y que «vulnera el principio de legalidad, la división de poderes y la lealtad federal», lo que impacta negativamente en la coordinación y cooperación intergubernamental.
El FCI fue establecido en 2018 mediante la Ley N° 27.467, con un monto asignado de $ 6.500.000.000 destinado a compensar los desequilibrios financieros en el transporte de pasajeros fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Fuente: NA
