Un informe internacional revela que América Latina concentra el 85% de los asesinatos de defensores ambientales en el mundo. Este alarmante dato resalta la creciente violencia contra aquellos que luchan por la protección del medio ambiente y los derechos territoriales en la región.
El caso de Edgar Tumiñá Gembuel, asesinado el 1° de marzo del año pasado en el Valle del Cauca, ilustra la grave situación. Tumiñá, miembro de una de las Guardias Indígenas, había sido amenazado por un grupo disidente de las FARC. Su muerte forma parte de una lista trágica de 124 activistas que Global Witness documentó en su informe «Poder Colectivo».
Colombia se destaca como el país más peligroso para estos defensores, con un tercio de los asesinatos reportados en 2025. Otros países en la lista incluyen Brasil, Filipinas, Honduras y México. Además, se registraron asesinatos en Guatemala, Perú, Nicaragua y Ecuador.
Las Causas Detrás de la Violencia
El informe señala que 84 defensores fueron asesinados en disputas territoriales con grupos armados y el narcotráfico. La minería se identifica como el sector más letal, contribuyendo a la violencia en diversas naciones, incluyendo Filipinas y Perú.
Toby Stirling Hill, investigador de Global Witness, enfatizó la necesidad de crear unidades especializadas para investigar estos delitos, dado que los sistemas de justicia actuales son inadecuados. Además, la criminalización de defensores ambientales se ha convertido en una herramienta para avanzar proyectos que amenazan el medio ambiente.
Un Contexto Global de Impunidad
A pesar de que en Argentina no se registraron asesinatos de defensores, el informe menciona la criminalización de dos activistas en Uspallata por su oposición a proyectos mineros. La falta de acción frente a estos crímenes se relaciona con la debilidad institucional y el avance del narcotráfico, según estudios recientes.
El informe de Global Witness concluye que, para abordar esta crisis, los gobiernos deben reconsiderar sus enfoques de seguridad y prestar atención a las comunidades más vulnerables, incluidas las poblaciones indígenas.
Fuente: La Nación
