El Gobierno avanza con la desregulación del mercado inmobiliario. Según adelantan fuentes del ministerio de Desregulación y Transformacion del Estado que lidera Feederico Stuzenegger, están preparando un proyecto de ley que busca modificar el corretaje en la Argentina y que entraría al Congreso este mes.
El ministro Sturzenegger enviará el proyecto de ley al Congreso y las modificaciones que se encuentran en el borrador son:
Fin de la matrícula obligatoria. Ya no se necesitará estar inscripto en ningún registro ni colegio profesional para operar como intermediario inmobiliario. El registro pasa a ser voluntario, controlado por instituciones que certifiquen idoneidad. Es decir, que habrá un cambio en la categoría de la actividad: deja de ser profesional y vuelve a ser comercial.
Sin título universitario. Se elimina la exigencia de título académico como condición de acceso o permanencia en la actividad
Colegios profesionales sin poder sancionatorio. Los colegios pierden la facultad de sancionar o controlar a los operadores. Los conflictos pasan a resolverse exclusivamente en la Justicia.
Fin de restricciones geográficas. Se eliminan las restricciones territoriales, se puede operar en cualquier provincia sin necesidad de reinscribirse ni pedir convalidación local.
Honorarios libres. Se eliminan los aranceles mínimos y honorarios fijos. Las partes negocian libremente las comisiones.
Derogación en cascada. Artículo que deroga todo el andamiaje normativo previo que imponga matrícula, título, sanciones extrajudiciales, restricciones geográficas o precios regulados.
“La desregulación de la intermediación inmobiliaria en Argentina no es una reforma más: es un cambio de paradigma”, comenta Jorge Amoreo Casotti, CEO de Pint, una startup que permite visitar las propiedades inmobiliarias con realidad virtual, y agrega que «es el paso necesario para devolverle al sector su verdadera naturaleza: la de un servicio comercial, competitivo, abierto a la innovación, y no la de una pseudo-profesión científica, cerrada y administrada por estructuras corporativas obligatorias, con origen en un gremio (FAEMCI)” y sentenció: “El sistema actual no protege al consumidor; protege a quienes ya estaban adentro”.
En este contexto, explica que el acceso a esta actividad estuvo condicionado por barreras artificiales que no elevaron la calidad del servicio, sino que restringieron la entrada, encarecieron las operaciones y limitaron la innovación. “Desregular no es desordenar. Es exactamente lo contrario: es ordenar bajo una lógica más exigente, donde la validación no proviene de una matrícula sino del mercado. El diferencial no es un título, sino la capacidad real de generar valor”, opina.
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Las razones del proyecto
El proyecto de desregulación no es nuevo. El ministro Sturzenegger dejó en claro que la desregulación de los colegios profesionales y del sector inmobiliario es una prioridad en la agenda oficial del Gobierno, durante el evento “Real estate 2026: expectativas y realidad”, organizado por Reporte Inmobiliario.
“Que un colegio profesional ponga un precio mínimo es una aberración social”, sentenció Sturzenegger durante su presentación ante desarrolladores e inmobiliarios en el evento.
“El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado”, planteó. En esa línea, cuestionó la imposición de honorarios mínimos, la obligatoriedad de matriculación y la existencia de barreras de entrada que limitan la competencia.
Para Sturzenegger, ese esquema termina afectando al usuario final. “Cuando una norma fija precios o restringe quién puede ofrecer un servicio, en realidad está transfiriendo ingresos de la sociedad hacia un grupo específico”, sostuvo.
Con críticas directas a lo que definió como “privilegios creados por ley”, afirmó que enviarán un paquete legislativo con temas de desregulación este mes para “buscar eliminar los privilegios que hoy encarecen la construcción y la intermediación comercial”. La intención oficial es avanzar hacia un mercado “más libre, dinámico y competitivo”, donde “los servicios se valoren por su calidad y no por imposiciones legales”, remarcó.
“La idea es que la gente pueda innovar y crear sin tener que ser parte de un club para tener un privilegio”, sentenció. De esta manera, insistió, la intención es eliminar lo que denominó “costos de intermediación innecesarios”, en un contexto donde el Gobierno busca reducir el peso regulatorio sobre la actividad económica.
Desregulación de los alquileres: “El experimento que funcionó”
Otro de los capítulos que defendió Sturzenegger fue la eliminación de la ley de alquileres a través del DNU 70/2023 a pocos días de haber asumido la presidencia Javier Milei. Para Sturzenegger, la decisión de desregular completamente el mercado no solo era necesaria, sino que ya muestra resultados concretos.
“El marco actual está totalmente desregulado y eso permitió que el mercado vuelva a funcionar”, sostuvo. Según explicó, durante los años de la ley las restricciones (como los plazos mínimos obligatorios o los esquemas rígidos de actualización) habían reducido la oferta y distorsionado los precios.
El cambio de reglas habilitó una mayor flexibilidad contractual: acuerdos más cortos, condiciones adaptadas a cada caso e incluso formatos híbridos, como alquileres atados a una eventual venta del inmueble.
Según datos que él mismo mencionó, la oferta de propiedades en alquiler aumentó un 300%, mientras que los precios reales registraron una caída cercana al 30%.
“El nuevo esquema habilitó contratos más flexibles, plazos más cortos y acuerdos adaptados a cada caso, incluyendo alquileres temporarios o cláusulas vinculadas a la venta del inmueble”, aseguró.
Fuente: La Nación
