Un reciente informe de MAP LATAM ha revelado que el contrabando y la subfacturación generarán una pérdida fiscal estimada de USD 2.855 millones para el año 2026, lo que representa el 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) argentino, al considerar únicamente 15 sectores de la economía.
El estudio, titulado Impacto adverso del contrabando y la subfacturación en la economía argentina, indica que estos sectores abarcan el 2,6% del PIB y el 14,5% de la producción manufacturera, sugiriendo que el impacto total podría ser aún mayor.
De los USD 2.855 millones en pérdidas fiscales, se estima que USD 2.283 millones se deben al contrabando y USD 572 millones a la subfacturación. La mayor parte de las pérdidas se concentra en el mercado de bebidas espirituosas, con USD 1.400 millones atribuibles a contrabando, seguido por la indumentaria con USD 470 millones por subfacturación, y otras categorías como celulares, cigarrillos y agroquímicos.
Según MAP LATAM, estas pérdidas fiscales superan lo recaudado por Impuestos Internos y equivalen al 160% de la recaudación por Bienes Personales, recursos que podrían financiar aproximadamente 2.400 escuelas, 120 centros ambulatorios o 2.250 kilómetros de rutas nacionales.
El informe también destaca que el comercio ilícito en Argentina ha evolucionado a un fenómeno estructural, ubicando al país en el puesto 120 de 158 en el ranking de comercio ilícito sectorial de TRACIT 2025. Argentina se encuentra entre los 20 países con mayor comercio ilícito de bienes gravados, clasificándose en el puesto 16 de 193 según el índice de GI-TOC, marcando un deterioro en comparación con 2023.
En los sectores analizados, el contrabando o la subfacturación representan entre el 10% y el 83% del mercado, afectando a productos como perfumería árabe, celulares, juguetes, textiles, marroquinería, electrodomésticos, calzado, agroquímicos y cigarrillos.
Además, el informe relaciona el crecimiento de este problema con una flexibilización de controles sobre el comercio exterior, aunque afirma que la apertura es necesaria y que el desafío radica en implementar controles que se alineen con las mejores prácticas internacionales.
Fuente: NA
