El Gobierno estableció nuevas normativas para el traspaso de personal entre la Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), limitando la transferencia a una dotación necesaria y formalizando la inclusión de OSFA en el convenio estatal.
Las modificaciones fueron formalizadas a través del decreto de necesidad y urgencia 1286/2026 y el Decreto 1287/2026, publicados en el Boletín Oficial. Ambas normativas entraron en vigencia inmediatamente tras su publicación.
El DNU modifica el proceso de disolución y liquidación de IOSFA, que será administrado por un encargado designado por el Ministerio de Defensa. El directorio de OSFA será responsable de definir los puestos y la dotación necesarios, a partir de la estructura y necesidades operativas de la organización.
Además, se llevará a cabo una evaluación del personal de IOSFA que no sea transferido, con el fin de adoptar las medidas correspondientes según la normativa vigente. La normativa no especifica despidos ni establece un número fijo de trabajadores que quedarán fuera del traspaso.
Los empleados de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval que actualmente prestan servicios en IOSFA deberán regresar a sus organismos de origen. Luego de la liquidación, el Ministerio de Defensa asumirá las obligaciones relacionadas con el personal no transferido.
La administración del Gobierno justificó estas medidas en la reducción de la población beneficiaria de OSFA, tras el traspaso de afiliados de Gendarmería y Prefectura a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG). También se invocó un límite del 8% en los recursos destinados a gastos administrativos y funcionamiento de OSFA.
El Decreto 1287/2026, por su parte, homologó un acuerdo que incorpora a OSFA y su personal al Anexo I del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, regulado por el Decreto 214/2006. Según los considerandos, el personal de OSFA queda comprendido en el convenio sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
La autoridad laboral consideró que el acuerdo fue perfeccionado, dado que la mayoría de las representaciones sindicales acordaron con la propuesta, a pesar de que ATE no la aceptó y manifestó su intención de hacerlo a través de un acta complementaria.
Finalmente, el DNU establece que se deberá informar sobre estas modificaciones a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, encargada de supervisar los decretos de necesidad y urgencia.
Fuente: NA
