El oficialismo avanza hacia la aprobación de un proyecto de ley que busca regular la atención de las personas con discapacidad y mejorar los pagos a los prestadores médicos. Esta iniciativa se presenta como una respuesta a uno de los temas más sensibles del gobierno de Javier Milei.
Tras intensas negociaciones y reuniones que se extendieron hasta la sesión, el oficialismo ha logrado el apoyo no solo de sus aliados, sino también del peronismo y de Provincias Unidas. La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado lideró las conversaciones, que fueron coordinadas por el presidente de la Cámara, Martín Menem.
Durante la sesión, se presentó un borrador del dictamen que fue ajustado en función de las demandas de los legisladores y de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. La diputada Giselle Castelnuovo también jugó un papel clave al abrir el diálogo con representantes de Unión por la Patria, quienes mostraron disposición a respaldar la propuesta, siempre que se consideraran ciertos cambios.
La bancada de Unión por la Patria, liderada por Germán Martínez, se enfrenta a la decisión de apoyar una propuesta que incorpora múltiples reclamos del colectivo de discapacidad, que expresó su respaldo a la iniciativa oficialista. A pesar de que inicialmente se inclinaban por prorrogar la emergencia en discapacidad, el apoyo del colectivo llevó a una reconsideración de su postura.
Entre las modificaciones más significativas, el proyecto establece requisitos claros para acceder a las pensiones por discapacidad, que hasta ahora eran determinados por el Poder Ejecutivo. Estos requisitos incluyen la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la realización de una evaluación socioeconómica.
Asimismo, el proyecto garantiza la vigencia de la Ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad y asegura el respaldo presupuestario necesario. En caso de insuficiencia de fondos del Ministerio de Salud, se podrán utilizar recursos del Tesoro.
Otro punto crucial es la regularización de la deuda acumulada con los prestadores médicos, que actualmente se estima en $278.323 millones. El Ejecutivo deberá presentar un cronograma de pagos dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley.
La propuesta también asegura que todos los beneficiarios de pensiones por invalidez tengan acceso a prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud, además de garantizar la actualización del nomenclador según la inflación.
Oscar Herrera Ahuad, del bloque Argentina Federal, fue uno de los responsables de capitalizar los reclamos en un dictamen que busca equilibrar las demandas de todos los sectores involucrados. Su intervención se centró en la necesidad de que el Gobierno retire ciertos artículos del proyecto de presupuesto que podrían afectar negativamente a la iniciativa.
La presión para avanzar en este tema también ha sido evidente por parte de la Iglesia, que expresó su preocupación por la situación de las personas con discapacidad y ha instado al Gobierno a cerrar un acuerdo que responda a sus demandas. La intervención del Episcopado se produce en un contexto de incertidumbre sobre el respaldo a la iniciativa legislativa y su costo fiscal.
Fuente: La Nación
