Un fallo reciente de la Justicia ha marcado un hito en la lucha por la infraestructura rural en Argentina. Tras casi nueve años de litigio, se ha ordenado a la Municipalidad de Colón la reparación y mantenimiento de los caminos que dan acceso al establecimiento rural La Querencia SA. Esta decisión fue emitida por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Pergamino y debe ser cumplida en un plazo de 60 días.
El caso se originó en 2017 cuando el propietario de La Querencia, Gastón Aguirre, presentó una demanda debido al deterioro crítico de los caminos rurales. El informe judicial reveló que el acceso al establecimiento estaba en condiciones deplorables, acumulando agua y volviéndose intransitable, lo que dificultaba el retiro de producción agrícola y el transporte de ganado.
El deterioro de las vías de comunicación ha sido un problema significativo para los productores de la región. Aguirre expresó que el estado de los caminos ha empeorado en los últimos 15 años, lo que ha generado serias complicaciones para las operaciones agrícolas. A pesar de los obstáculos, los productores continuaron cumpliendo con el pago de impuestos vinculados a la red vial, a pesar de la falta de mantenimiento adecuado.
En paralelo a la sentencia, la Sociedad Rural de Colón y otros productores han solicitado información al municipio sobre la gestión de los fondos destinados a la red vial en los últimos cuatro años, evidenciando una preocupación creciente sobre el uso de los recursos públicos.
El juez que dictó la sentencia afirmó que la obligación municipal incluye el mantenimiento y reparación de los caminos. En su resolución, se destacó que las pruebas presentadas demostraron que los caminos no cumplen con las condiciones necesarias para su uso. A pesar de las afirmaciones del municipio sobre la realización de mantenimiento, el juez consideró que no se demostró la efectividad de los servicios prestados.
La Sociedad Rural de Colón ha resaltado que este fallo no solo afecta a La Querencia, sino que refleja el estado general de los caminos rurales en el partido. Según su vicepresidente, solo un 20% de los caminos se encuentran reparados, a pesar de que el municipio ha recaudado un 90% de la tasa vial.
Este fallo judicial podría ser un punto de inflexión para el futuro de la infraestructura rural en la región. Las autoridades locales tendrán la responsabilidad de garantizar que se realicen las obras necesarias y se rindan cuentas sobre el uso de los fondos destinados a la mejora de los caminos. La comunidad espera que esta decisión impulse un cambio significativo en la gestión de los recursos y la atención a las demandas de los productores.
Fuente: La Nación
