La Cámara de Diputados le dio inicio al tratamiento que recorrerá la «ley de lobby» en el Congreso nacional, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que crea un «Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses».
En un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, se empezó a desandar el camino de esta iniciativa con la que el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas o intermediarios ante los funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
El primer orador fue el diputado de Encuentro Federal Miguel Pichetto, quien presentó un proyecto propio con puntos de coincidencia con la norma del Gobierno, y también algunas diferencias.
“En la Argentina hay una característica que se repite, que es el tema de la gestión de negocios, especialmente los vinculados con el Estado. Y, de manera también importante, en el propio Congreso Nacional, donde la figura del lobista o cabildero al estilo americano tiene que tener transparencia, tiene que estar individualizada y, fundamentalmente, tiene que saberse qué intereses representa. Lamentablemente esta figura, tal vez por incomprensión, nunca se trató”, analizó el legislador peronista.
Para Pichetto, la ley de lobby «debería haber sido el primer tema que el Gobierno, que venía a transparentar y a luchar contra la casta, tendría que haber presentado, antes incluso de haber iniciado un proceso de privatizaciones, de apertura y de desregulación”
“Yo creo que el Gobierno también tiene sectores de lobby. No quiero, de ninguna manera, ofender a nadie, pero me parece que hay temas que se han tratado en esta Cámara que tienen casi el sello, les falta la firma, de muchos estudios jurídicos importantes de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en la temática civil y comercial”, advirtió.
Según el diputado opositor, en el proyecto del Gobierno «la pena es muy leve» para quienes cometan infracciones que impliquen conflictos de intereses.
«Ustedes crean tipos penales propios, la pena es muy leve. Yo fijo una multa, pero también derivo los efectos y consecuencias de una mala tarea de lobby al Código Penal y a las figuras que pueden emerger del Código Penal, como el cohecho o la defraudación”, diferenció.
«Fijo un plazo también para los exfuncionarios, que no pueden ser lobistas transcurrido un plazo de tiempo después de la terminación de su función. Eso se lo extiendo también a los familiares”, agregó.
A continuación, tomó la palabra el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien señaló que hubiera sido positivo tener una ley de lobby cuando estalló la causa $Libra.
«Avancemos primero en este tipo de regulación antes de avanzar en otras leyes, como se pretende avanzar en este momento, ya sea en el Senado con la ley de sociedades o en esta Cámara de Diputados con lo que es el Súper RIGI», propuso el legislador opositor, autor de otro proyecto sobre gestión de intereses.
«El proyecto que nosotros venimos a defender se inspira en una agenda que defendemos desde hace mucho tiempo en la Coalición Cívica para mejorar los estándares en el sistema de integridad, transparencia, rendición de cuentas, financiamiento de la política y acceso a la información pública», destacó.
Para Ferraro, es necesario «ir a un régimen general simplificado, que sea preciso, que sea claro, que no habilite la simulación o la vía de escape, como muchas veces sucede en este tipo de discusiones».
A su turno, el diputado mandato cumplido Oscar Agost Carreño, autor de otro proyecto de ley, consideró que «no hay que prohibir» el lobby «ni hay que demonizarlo» ya que «la gestión de intereses existe siempre en la política».
«Acá constantemente hablamos de lobby: fue una palabra que utilizamos mucho en el caso Libra, con los octógonos, con el tema del tabaco, con energía, minería y también en la Ley Bases, donde había muchos intereses cruzados”, recordó.
“El lobby existe. La pregunta es si va a seguir existiendo en la oscuridad o en la informalidad, en reuniones, en WhatsApps, en viajes en avión privado o muchas veces en redes sociales», planteó.,
Según indicó Agost Carreño, «la tendencia mundial es que la regulación del lobby pasa a ser la regla».
«Estados Unidos es quizás el caso más pragmático, pero también Canadá, Chile, Perú, Francia, Irlanda, Reino Unido, la Unión Europea, Austria, Polonia y otros países van teniendo regulaciones con mayor o menor profundidad”, ejemplificó.
«El lobby regulado puede mejorar la calidad de las políticas públicas, pero también, si no es transparente cómo se establece el mecanismo, puede generar una influencia indebida y una pérdida de confianza democrática”, advirtió.
“Me parece que profesionalizar y hacer visible esta actividad es saludable. Todos estamos hablando más o menos de lo mismo: registro público, trazabilidad, reportes, sujetos obligados, sanciones. Después cada proyecto tiene mayor profundidad o mayores definiciones, pero en general estamos hablando de lo mismo”, ponderó el cordobés.
Sin embargo, señaló que el proyecto del Poder Ejecutivo «puede llegar a quedarse corto» y necesita «ser mucho más preciso para que después la reglamentación no tenga facultad de desnaturalizar la ley, pero sí de poder ejecutarla”
Agost Carreño apuntó que a diferencia de la iniciativa del Gobierno, su propio proyecto incluye «la obligación de declarar recursos financieros, viajes, regalos, aportes partidarios y todas aquellas cosas que generalmente las leyes de ética pública ya tienen, pero poniéndolo también del lado del lobista, del sujeto activo”.
El proyecto del Gobierno
La norma crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.
Además, los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente de la gestión, y una síntesis de los asuntos abordados.
Los gestores de intereses que incurran en infracciones serán sancionados con multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades como lobistas
Por representación clandestina de intereses extranjeros será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.__IP__
La iniciativa también exige obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, que deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.
Fuente: NA
