Recientemente, Leandro Illia sostuvo que su padre fue el único presidente que dejó el poder con menos bienes de los que tenía al asumir. En su último libro, Eduardo César Angeloz afirmó que los bienes de Illia “cabían en una valija” con ropa y artículos de higiene, y recordaba que en sus últimos años se alojaba en una habitación provista de un pequeño escritorio, en la clínica médica que su amigo Eugenio Conde tenía en Carlos Paz.
No fueron exageraciones. Heredero de la tradición krausista que consideraba a la política como una rama de la moral, y tributario de la experiencia sabattinista en la que se había fogueado desde su juventud –había sido vicegobernador de Santiago del Castillo durante el trienio 1940-43 en Córdoba- Arturo Illia fue ajeno a cualquier tentación de obtener beneficios económicos o materiales durante su presidencia. En septiembre de 1966, Luis Augusto Caeiro –su secretario legal y técnico, secretario de prensa interino y amigo personal- escribía a un dirigente radical de la localidad de La Carlota, en la provincia de Córdoba: “Quiero hacerle saber que un grupo de amigos de Don Arturo, dada la difícil situación económica en que ha quedado, se ha impuesto la misión de ayudarlo, por lo menos en la vivienda, y el pago de deudas ocasionadas por la muerte de la señora”.
La organización de la colecta evidenciaba la estricta distinción que hubo durante su gobierno entre política y dinero. En función de ese interés, el presidente Illia adoptó una medida clave para asegurar la consolidación de un sistema de partidos políticos autónomo de los bancos y grandes grupos económicos: el Fondo Partidario Permanente, una partida anual del presupuesto nacional –discutida y aprobada por el parlamento- destinada al financiamiento de los partidos políticos. Esta medida pervive hasta nuestros días.
Fue acusado de “lento” por sus adversarios y hasta se comparó su forma de hacer política con el lento caminar de una tortuga. Sin embargo, en una mirada histórica de larga duración, su gestión política fue marcada por su audacia. El culto a la honestidad en política fue acompañado del reformismo social, el nacionalismo económico y la defensa del pluralismo político. En 1963 anuló por decreto los contratos petroleros que el presidente Frondizi había acordado con empresas extranjeras, y puso en libertad a todos los presos políticos y sociales acusados de subversivos y detenidos a raíz del Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado): fue el prefacio de la apertura de las unidad básicas del peronismo que se multiplicaron en todos los barrios de Córdoba y el país; fue también el prólogo de la apertura de todas las sedes del Partido Comunista (que había estado proscripto desde 1959).
En1964 el presidente Illia había hecho aprobar en el parlamento la ley del salario mínimo, vital y móvil, a despecho de las asociaciones empresarias que denunciaban esa medida como catastrófica e hiperinflacionaria. Pronóstico fallido, puesto que no interrumpió el ciclo de prosperidad económica: el desempleo oscilaba en torno el 4% y el crecimiento del PBI superaba el 6% anual. Como admitió tiempo después el periodista Mariano Grondona en su revista Comentarios, el derrocamiento de Illia tuvo lugar en una época de “relativa bonanza económica”.
Paralelamente, remitió al Congreso Nacional una ley de medicamentos que ponía límites a las ganancias de los laboratorios y se esmeraba en facilitar la auditoría del contenido de los remedios para asegurarse que se ajusten a lo que afirmaban sus prospectos. Como respuesta, estas grandes empresas –muchas de propiedad suiza- se esmeraron en intentar poner obstáculos a la refinanciación de la deuda externa argentina en el Club de París, según denunció en su momento, el propio Illia.
El 28 de junio de 1966 un golpe militar encabezado por el general Juan Carlos Onganía derrocó al gobierno constitucional del radical Arturo Illia. Durante mucho tiempo la izquierda argentina sostuvo que Onganía era un “títere del imperialismo yanqui”, sin embargo, los documentos desclasificados de la CIA y el Departamento de Estado –incluidos en mi libro Arturo Illia: un sueño breve, – permiten constatar que el verdadero hombre de los EE.UU. en el Ejército argentino no era Onganía sino el general Julio Alsogaray, comandante del I Cuerpo de Ejército. Un informe de la Central Intelligence Agency fechado el 1 de junio de 1966 describía que el mencionado militar les había detallado a sus agentes en Buenos Aires, la fecha aproximada del golpe, los oficiales y unidades militares involucradas, sus objetivos y las características del nuevo gobierno que reemplazaría al de Illia.
En cambio, otros documentos de la CIA y la embajada norteamericana de Buenos Aires, describen a Onganía como un hombre hermético – “quizá sólo dos o tres personas sepan lo que verdaderamente piensa”, y peor aún, más admirador del dictador Franco, en España, que de las democracias anglosajonas. Poco después, un documento de la embajada norteamericana ridiculizaba el patrioterismo deportivo del presidente Onganía con motivo del campeonato mundial de futbol de ese año. Tras la expulsión del mediocampista de Boca Juniors en el seleccionado nacional, Antonio Ubaldo Rattín, durante el partido contra Inglaterra, invitó a los jugadores a su residencia como si se tratara de “héroes”.
Lo cierto es que la campaña golpista estuvo alimentada por una lógica corporativista. A los ataques de ACIEL (Acción Coordinadora de Instituciones Empresariales Libres) contra Illia, se le sumaron las dos principales corrientes del sindicalismo peronista: en el acto de asunción del general Onganía como presidente estaban sentados en la segunda fila del salón blanco de la Casa Rosada, de impecable saco y corbata, Augusto Timoteo Vandor y su rival José Alonso, máxima figura de las verticalistas “62 Organizaciones de Pie junto a Perón”.
El autor es director de la Maestría en Partidos Políticos de la Universidad Nacional de Córdoba e Investigador Principal de Conicet
Fuente: La Nación
