Un nuevo régimen de cobro en un municipio bonaerense ha generado controversia entre las entidades empresariales y los transportistas. Desde septiembre, los camiones que transitan por el Acceso Sánchez, un tramo de 5,1 kilómetros hacia el parque industrial de Ramallo y el puerto de San Nicolás, deben abonar tarifas que llegan hasta los $62.000.
Esta medida fue implementada por el municipio gobernado por el intendente kirchnerista Mauro Poletti, quien lidera el Movimiento Derecho al Futuro. A través de la licitación pública N°3/25, se instalaron pórticos tecnológicos que, mediante pesaje dinámico, imponen un costo de hasta $37.000. Si los camiones ingresan a predios de la zona, se suma un cargo adicional de $25.000.
Las entidades empresariales han calificado esta tarifa como un “peaje municipal encubierto” y una “aduana interior”. Recientemente, el municipio ha añadido un nuevo requisito que obliga a los transportistas a registrarse en el Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado (Sigtp), lo que ha sido objeto de rechazo por parte de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (Adiba).
De acuerdo con estas organizaciones, el Sigtp impone cargas administrativas que duplican las obligaciones del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), el cual fue anulado en 2024. El incumplimiento de esta nueva normativa podría acarrear multas y restricciones en la circulación de los vehículos, así como la retención de los mismos.
Las repercusiones económicas de esta medida son significativas, ya que se estima que más de 100 empresas se verán afectadas, con un costo anual que podría ascender a $500 millones por compañía. La concesión del sistema ha sido otorgada a una empresa privada que se quedará con el 50% de lo recaudado.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) había denunciado previamente el alto costo del peaje, argumentando que este no se relaciona con los gastos de mantenimiento del tramo vial. La CAC ha solicitado la intervención del Ministerio de Economía y ha pedido la suspensión inmediata de lo que consideran un peaje irregular.
A pesar de las quejas, desde el Palacio de Hacienda se han desentendido del tema, argumentando que la cuestión corresponde a la jurisdicción municipal. Uipba y Adiba han advertido que, si este modelo se replica en otros municipios, podría surgir una red de barreras que aumente el costo de transporte a nivel nacional, complicando aún más la competitividad del país en el ámbito logístico.
Fuente: La Nación
