El proyecto de creación de la Policía de Prevención Municipal en Zárate, impulsado por el intendente Marcelo Matzkin, ha sido objeto de críticas debido a las disposiciones que incorpora en materia de inteligencia criminal. Las inquietudes surgen principalmente por el alcance de las funciones previstas para esta nueva fuerza de seguridad.
El análisis realizado por Eduardo Rivas, difundido el 25 de octubre, expone discrepancias entre los considerandos y varios artículos de la iniciativa, en particular los artículos 2, 12 y 34. Rivas argumenta que el proyecto establece como excluidas ciertas tareas que más adelante se habilitan bajo conceptos de acción preventiva.
El artículo 2 del proyecto permite llevar a cabo acciones de análisis e inteligencia criminal con el fin de elaborar un plan de actuación. Sin embargo, los fundamentos del mismo establecen que el cuerpo preventivo debe estar separado de funciones como la investigación criminal, la identificación de autores y la recolección de pruebas, las cuales son competencia de la Policía bonaerense y de la Justicia.
Asimismo, el artículo 12 incluye la prohibición de realizar ciertas tareas, pero con una excepción que permite la inteligencia preventiva para la formulación del plan de acción. La crítica se centra en la delimitación de competencias, aunque Rivas aclara que esto no implica una declaración judicial de ilegalidad.
La creación de esta fuerza fue anunciada por el municipio el 4 de marzo, en un contexto en el que la administración local aseguró que cooperaría con la Policía provincial, reconociendo a esta última como la encargada de la seguridad pública. Además, se prevé la implementación de una Escuela Municipal de Policía y un período de capacitación de doce meses para el personal.
El inicio de operaciones de la nueva fuerza está programado para el 1 de enero de 2029. En defensa del proyecto, Matzkin ha argumentado que los vecinos demandan una mayor presencia policial y que es esencial que los municipios cuenten con las herramientas necesarias para responder a estas exigencias.
El proyecto consta de 54 artículos y establece que para el uso de armas de fuego se requerirá autorización de la legislación nacional o provincial, así como un convenio específico con el Ministerio de Seguridad bonaerense y formación certificada del personal. No se contempla una habilitación automática para que cualquier agente municipal porte armamento.
Dentro del texto cuestionado, se incluye la creación de un área de Análisis Criminal Preventivo que operará dentro del Centro de Operaciones de Zárate.
Fuente: NA
