El gobierno de Gustavo Melella enfrenta un creciente reclamo de Río Grande por un monto de $18.000 millones en coparticipación, según lo expuesto por el intendente Martín Pérez. Esta situación se intensificó con una intimación al Ministerio de Economía provincial, respaldada por autoridades del Concejo Deliberante y organismos municipales.
El 27 de octubre, Pérez comunicó que el monto de la deuda había aumentado en $2.000 millones respecto a los $16.000 millones previamente informados a los concejales. El intendente cuestionó que la incertidumbre sobre los giros dificulta la negociación de nuevos aumentos salariales y la organización de los servicios en la ciudad.
La secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto, corroboró la intimación formal y describió la situación como un “ahogo financiero”. Al referirse a una deuda que superaba los $17.000 millones, enfatizó que esta cantidad es equivalente al presupuesto total del sistema municipal de Salud.
Capotorto argumentó que el reclamo corresponde a recursos que ya han sido transferidos a la Provincia, haciendo una distinción entre la caída de la recaudación y la falta de remisión de fondos que, según la administración local, pertenecen al Municipio. Por su parte, el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, denunció demoras de hasta 45 días en los giros y atribuyó el desfinanciamiento a decisiones políticas del Ejecutivo fueguino.
El conflicto reunió el 26 de octubre a representantes del Ejecutivo local, concejales, el Tribunal de Cuentas y el Juzgado de Faltas. En una comunicación emitida el 27, el Deliberante confirmó su apoyo a las acciones de reclamo y solicitó una reunión con Melella.
La presidenta del Concejo, Guadalupe Zamora, advirtió que las transferencias recibidas apenas cubren los salarios, dejando escaso margen para mantener las prestaciones. Reivindicó el reclamo como una obligación de distribución de recursos, más que como un pedido de asistencia extraordinaria.
Pérez aseguró que el pago de los haberes está garantizado, aunque reconoció la disminución de los ingresos provinciales. Sin embargo, insistió en que el cuestionamiento se centra en la distribución de los fondos efectivamente percibidos.
La intimación al Ministerio de Economía ha sido confirmada por Finanzas, y el reclamo de Río Grande ha escalado a $18.000 millones, conforme a la cifra divulgada por el intendente el martes.
Fuente: NA
