La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) ha presentado una denuncia ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, solicitando la intervención urgente del Gobierno para detener lo que califican como un «peaje municipal encubierto» en el Partido de Ramallo.
Este reclamo se centra en la implementación de una sobretasa sobre los combustibles y el cobro de tarifas por el uso de un tramo clave que conecta la Ruta Nacional 9 con el puerto de San Nicolás, afectando de manera directa el transporte de cargas agropecuarias.
Detalles de la Denuncia
FADEEAC ha denunciado que el Municipio de Ramallo, mediante la Licitación Pública 3/25, adjudicó a la empresa Plus Byte SRL la instalación de dos pórticos tecnológicos en el ex Camino Provincial Ruta 87. Este tramo de 5,1 kilómetros es esencial para el acceso al parque industrial y al Puerto de San Nicolás.
Los transportistas se oponen a cobros que podrían alcanzar los $37.000 por cada pesaje dinámico, además de $25.000 por el ingreso a instalaciones industriales, lo que representa un aumento significativo en los costos operativos.
Impacto Económico y Legal
Según FADEEAC, este esquema tarifario es un 120% más caro que el peaje del Puente Zárate-Brazo Largo y se suma a una tasa del 2% sobre cada litro de combustible que la comuna impone desde enero. La entidad considera que esta medida es un intento de reinstalar «aduanas interiores» que perjudican la competitividad del país.
Además, la denuncia destaca que la normativa municipal constituye una doble imposición tributaria e inconstitucional, violando leyes nacionales como la Ley de Coparticipación Federal y la Ley Nacional de Combustibles. Por lo tanto, se solicitó al Ministerio de Economía que actúe legalmente para suspender esta medida.
Preocupación en el Sector Productivo
FADEEAC ha levantado la voz en representación de más de un centenar de empresas de transporte e industrias de la región, que ven amenazada su operativa debido a la ubicación del puesto de control, que complica el tránsito hacia importantes complejos industriales y el puerto.
Se estima que el costo anual de esta carga podría oscilar entre $100 y $500 millones por empresa, lo que afectaría gravemente los márgenes operativos y la continuidad de las actividades logísticas. También existe un temor por la posible aplicación de sanciones arbitrarias a quienes no se adhieran al nuevo sistema.
Las empresas han manifestado que el verdadero riesgo radica no solo en este gravamen, sino en la posibilidad de establecer una red de barreras económicas municipales sin coordinación, lo que podría llevar a una fragmentación del comercio interior.
Fuente: Info Campo
